Do fundo do mar... Sea bottom
Tuesday, November 15, 2005
Disputas por Posibles Naufragios Historicos en la Bahia de Montevideo
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Ministerio de Defensa Nacional
By Daniela Hirschfeld
November 02, 2005
BÚSQUEDA PÁG. 32
Una fragata española que naufragó frente a Montevideo en 1792 y que fue declarada monumento histórico en 1986, desata una encendida polémica que podrá llevar al nuevo gobierno a una revisión de la actual legislación sobre patrimonio subacuatico.
Mientras un estudio arqueológico encomendado por la terminal de contenedores Cuenca del Plata niega su existencia, el buzo argentino aficionado y buscador de tesoros hundidos Ruben Collado, que asegura haber hallado la embarcación en la década de los 1980, afirma que aún está allí, un arqueólogo de la Facultad de Humanidades relativiza ambas posturas y el Estado se prepara para revisar el caso y pedir explicaciones.
Enterrada desde 1792 bajo el fondo barroso de la bahía de Montevideo y declarada monumento histórico por el Estado uruguayo en 1986, la fragata -española Nuestra Señora de Loreto ahora se parece más a un barco fantasma cuya existencia unos niegan, otros relativizan y algunos defienden con vehemencia; y todos lo hacen al mismo tiempo.
Sin embargo, las opiniones encontradas no serían un problema si no fuera porque la zona donde se señala que estaría hundida pronto podrá ser cubierta con toneladas de hormigón provenientes de la ampliación de la playa de contenedores del puerto capitalino que proyecta construir la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP).
Por eso, la misma persona que anunció su hallazgo en 1986, el argentino Rubén Collado, buzo aficionado y buscador de tesoros hundidos desde hace más de 20 años, vuelve ahora para defender la existencia de la Loreto. En una conferencia de prensa realizada el miércoles 26 de octubre en el Hotel Palladium, Collado reafirmó que la fragata está a 100 metros del muelle portuario -en el mismo lugar donde, con cinco años de diferencia, tocó dos veces su casco de madera-, que los 500 objetos que extrajo en 1985 pertenecen a esa embarcación y alertó que la obra portuaria destruirá un valioso testimonio histórico.
En cambio, quien niega rotundamente su presencia es el equipo de técnicos que trabajó con el arqueólogo uruguayo Roberto Braceo en la elaboración de un estudio científico hecho a pedido de TCP, tal como lo exige la legislación uruguaya para las obras que pueden tener efectos negativos en el entorno donde se instalen. Después de análisis instrumentales y excavaciones, la investigación de 175 páginas y varios apéndices con mapas e ilustraciones, no sólo concluyó que no había restos de la Loreto sino que de acuerdo con sus conclusiones no existe ningún vestigio arqueológico de importancia que amerite la suspensión de la obra proyectada.
Por si fuera poco, otros, como el arqueólogo Antonio Lezama, director del Programa de Arqueología Submarina de la Facultad de Humanidades, relativizan las posturas en pugna.
"Afirmar que no hay nada es muy riesgoso porque esa zona fue un cementerio de barcos y la probabilidad de que efectivamente haya algo es muy alta", aseguró a Búsqueda.
Mientras tanto, Manuel Esmoris, Presidente de la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación, del Ministerio de Educación y Cultura - quien asumió el-cargo el último 29 de julio - informó a Búsqueda que a partir de este caso el Estado analiza la posibilidad de "rever el carácter de monumento histórico" del supuesto barco e incluso hacer lo mismo con "toda la normativa que tiene que ver con el patrimonio subacuático". En su opinión, "así como está atenta contra los intereses culturales y económicos de todos los uruguayos".
Pese a que esa comisión considera que el estudio pedido por TCP es hoy el único "técnicamente válido", su Presidente anunció que prevén realizar una investigación arqueológica propia. "En realidad Collado ahora tiene que explicar cómo es que el barco que según él estaba ahí ahora no está", concluyó.
Historia de un barco hundido.
Como lo autoriza la ley 14.343 de marzo de 1975, Collado firmó en 1983 un contrato con la Prefectura Naval en representación del gobierno uruguayo, que lo habilitó a iniciar el estudio arqueológico en un área de la Bahía de Montevideo, entre la escollera Sarandí y el muelle de escala, donde supuestamente 191 años antes había naufragado la Loreto después de resistir a un violento temporal.
Al cabo de más de dos años de trabajo, el 25 de febrero de 1986, Collado anunció en conferencia de prensa el hallazgo de la fragata; el nombre de Nuestra Señora de Loreto resonaba nuevamente en las costas que vieron su fin. El empresario aseguraba que era la primera expedición que lograba encontrar los restos de un navío del siglo XVIII en América del Sur.
Al poco tiempo, el empresario argentino logró rescatar un ancla y un cañón y algunas de sus balas, ambos de cerca de 2 mil quilos de peso, cerámicas, zapatos, botas y platos de peltre, chapas de cobreloa, entre otros 500 objetos que se registraron y depositaron en la Prefectura Naval.
Si bien nada hacía suponer que los trabajos no tendrían continuidad, el día 25 de marzo de ese año, el gobierno de Julio María Sanguinetti, a pedido de la Comisión de Patrimonio Histórico, presidida por el arquitecto Mariano Arana, decidió declarar a la Loreto como monumento histórico nacional.
La medida - que obligaba a la suspensión definitiva del rescate arqueológico - estaba destinada a preservar los restos como patrimonio cultural de la nación, pero Collado alertó que con ella se desconocía lo pactado en el contrato. Allí se había establecido que lo que se rescatara se repartiría en partes iguales entre el Estado y Collado y su grupo.
Debido al impedimento legal de continuar con su rescate, el buzo argentino inició una demanda al Estado por lucro cesante, que finalmente terminó 15 años después en la Suprema Corte de Justicia con una resolución a su favor. El Estado debió pagarle 1 millón y medio de dólares aunque el buzo aseguró a Búsqueda que lo que él recibió "ni de lejos llega al millón".
Antes, en 1990, al asumir como Presidente de la República Luis Alberto Lacalle, el gobierno se encontró con un juicio en marcha, problema que Collado catalogó como "una papa caliente". El mandatario determinó que se instalaran dos boyas para ubicar la fragata y autorizó a que Collado trabajara con el grupo de buceo de la Armada con el fin de verificar o no la existencia del barco. La operación duró 15 días y quienes trabajaron en ella llegaron a tocar al menos tres veces la madera del casco del barco con largas varas de metal.
En la conferencia de prensa del 26 de octubre, el buzo recordó que en aquella oportunidad el arqueólogo español Martín Bueno, catedrático de la Universidad de Zaragoza - el mismo que ahora realizó con Braceo el estudio de impacto arqueológico encomendado por TCP-formó parte de esa operación, especialmente contratado por la Armada. Un video exhibido ese día muestra al arqueólogo español analizando piezas (entre ellas un zapato de niño) rescatadas por los expedicionarios de Collado en 1986 junto al entonces Comandante de la Armada, Walberto Ruiz.
Asimismo, en el Palladium, Collado presentó fotocopias de un acta notarial del 8 de noviembre de 1990, donde el escribano de la Armada Nacional Alberto Cruce Roel deja constancia de que de acuerdo a un informe producido por el Capitán de Navío Eduardo Laffitte "se logró comprobar que en el área indicada por el Sr. Rubén Collado existe un casco de madera hundido, con signos de revestimiento en cobreloa y objetos indicativos de equipamientos de buques (...) habiéndose extraído 26 muestras de madera y se tocó el casco en tres zonas indicadas en la grilla que se confeccionara".
"O Bueno tiene mala fe o mala memoria", dijo Collado en relación a la actuación del experto español en arquelogía que realizó el estudio para la TCP.
El buscador de tesoros asegura en su página web (www.rubencollado.com) que desde entonces logró ubicar seis embarcaciones hundidas más: Aurora (que naufragó en 1772), Lord Clive 1763), Burford (1700), La Visitación (1797), Nuestra Señora de la Luz (1752) -de la cual logró rescatar un lote de monedas de oro que se remataron por 3 millones de dólares- y Nuestra Señora de la Concepción. San Nicolás de Bari (1770).
En la reciente conferencia de prensa, Collado dijo que espera que la Comisión de Patrimonio "reaccione" y lo llame. Aseguró también que el estudio de impacto arqueológico de Braceo tiene "errores históricos y de búsqueda".
Denunció que para llegar a las conclusiones ningún buzo descendió al lugar, cuestionó los instrumentos de detección utilizados, especialmente el llamado sonar de barrido, el cual a su entender es inapropiado para localizar algo que está enterrado más de tres metros por debajo del lecho barroso del Río de la Plata.
Al mismo tiempo reivindicó que su equipo es el único capacitado para realizar exploraciones en aguas turbias como las de la bahía.
"Hoy el Estado está en un problema. Hay que hacer la dársena, ampliarla. No estoy en contra del desarrollodel país", admitió, "pero que no la hagan a costas de mentir, que acepten que los arqueólogos no saben nada. No sé por qué Braceo presta su firma", sentenció. "Aparentemente desapareció un monumento histórico.
Con ese informe se quiere decir que o bien soy un fabulero o que monté una escena. Está perfecto que conserven el patrimonio, pero según la Constitución deberían adquirirlo, pagarlo, y los falsos funcionarios, los burócratas que están ahí deben hacerse responsables de lo que firman. No pueden llevar más el país a juicios", concluyó.
Estudio de impacto arqueológico.
La ley 16.466 de Evaluación de Impacto Ambiental promulgada en 1994, estipula que toda obra que pueda tener un impacto negativo en el ambiente debe presentar ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) un estudio que evalúe cuál será el efecto que tendrá esa construcción y, eventualmente, cuáles son las formas de mitigarlo.
Este informe - costeado por la empresa interesada - debe ser elaborado por expertos independientes especializados en este tipo de trabajos.
En el caso de TCP, esta empresa encomendó la tarea a la consultora Estudio Ingeniería Ambiental, de la cual Braceo es asesor en arqueología.
Según el responsable técnico del estudio, el objeto de la investigación fue "definir cuál era la riqueza arqueológica de la zona para luego evaluar el impacto que producirá la obra". Para ello contó con un equipo formado por Carolina Dibueno, licenciada en Ciencias Antropológicas de la Facultad de Humanidades de Montevideo y estudiante de la carrera de Arqueología Subacuática de la Universidad de Tuscia (Italia); la historiadora Cristina Montalbán; y el español Martín Bueno, el mismo que colaboró con Collado y la Armada en 1990, entre otros técnicos.
El grupo, explicó Braceo a Búsqueda, comenzó por relevar los antecedentes históricos de los naufragios ocurridos en la bahía y los testimonios modernos vinculados a la Loreto, esto es, los trabajos de Collado.
Aunque Braceo subrayó que no pudieron acceder a todo el material que el buzo argentino dijo haber extraído de las aguas, su equipo pudo ver el cañón y el ancla rescatados que se encuentran en manos de la Armada Nacional.
De acuerdo con el arqueólogo -especializado en datación de Carbono 14 y arqueología prehistórica terrestre, en particular la de los cerritos de indios del este del país - ya al comienzo del estudio tenían "dudas" sobre la existencia real de la embarcación en el lugar indicado por Collado."No hay pruebas concretas, ninguno de los objetos que se rescataron son elementos que atestigüen que hay un barco hundido ni que se trata de la Loreto", aseguró Braceo.
Además, dijo, "Collado daba las dimensiones exactas del casco hundido y la ubicación precisa" lo que, en su opinión, indicaba que sólo estaba reproduciendo los registros históricos y no lo que verdaderamente había encontrado.
Pese a partir con ese prejuicio, la investigación se llevó a cabo e incluyó un relevamiento histórico así como tareas de campo y trabajos con diferentes instrumentos.
Según el estudio proporcionado por Braceo a Búsqueda, en el área estudiada la documentación histórica "testimonia la existencia de 70 siniestros" ocurridos entre el siglo XVIII y el XX. Al menos cuatro de ellos, entre los que se encuentra la Loreto, se ubican en el siglo XVIII.Como parte de las tareas de prospección, se usaron principalmente tres instrumentos: un sonar de barrido lateral (SBL, un aparato que identifica lo que hay en la superficie marina mediante el empleo de ondas de sonido), un perfilador de fondo -que también usa ondas sonoras que penetran en el fondo y que permiten reconocer lo que hay debajo de la superficie- y un magnetómetro, que detecta las anomalías o variaciones magnéticas provocadas por objetos ferrosos enterrados.
El informe detalla que con el SBL se encontraron 16 objetos sobre el fondo del río, seis de ellos identificados como restos de embarcaciones modernas.
Con el perfilador de fondo se hicieron 121 detecciones. La mayoría, 63%, correspondió a objetos menores enterrados a menos de un metro de profundidad. Sólo 9% se hallaron por debajo de 1,5 metros y un único registro se detectó a 4 metros. Asimismo, no tuvieron evidencias de que hubiera algún agrupamiento que vinculara a varios objetos entre sí.
Por último, con el magnetómetro se encontraron 11 anomalías magnéticas que no se identificaron.
Por otro lado, entre las técnicas manuales, el equipo usó largas lanzas de metal llamadas jabalinas, que se hunden en el fondo marino en busca de objetos o estructuras que impidan su penetración. Según se explica en el estudio, esas jabalinas se introdujeron en "varios puntos de interés" hasta 6 metros de profundidad en el lodo y en ningún caso se reconoció la "presencia de elementos asignables a embarcaciones hundidas".
Finalmente, los técnicos realizaron dos excavaciones. Una en el lugar donde el perfilador había detectado el objeto a mayor profundidad, y la otra cerca del punto donde Collado había señalado la ubicación de la Loreto.
El estudio detalla que en ambos pozos se encontraron objetos agrupados principalmente en una franja de suelo de 40 centímetros de ancho ubicada a unos 3 metros de profundidad.
En total se hallaron 24 objetos de vidrio, 19 fragmentos de cerámica, otras tantas piezas de loza, 60 restos óseos de animales, trozos de cobreloa, madera y metal, elementos de plástico, zapatos, correas de cuero, cuerdas, y "la vedette" de la excavación, como lo definió Braceo, un mango de florete de cobre posiblemente del siglo XVIII. Según la investigación, los restos son "de muy diversa cronología (siglo XVII al XX)".
En las conclusiones del trabajo, se asegura que la pesquisa "no permitió identificar estructuras mayores asignables a cascos o partes de cascos de embarcaciones históricas" y que "el registro arqueológico que se pudo construir no indica la presencia de estructuras importantes de valor histórico". Además, se determinó que el impacto de la obra "eventualmente sólo afectaría a un conjunto muy reducido de elementos aislados", por lo cual es mitigable con operaciones puntuales de rescate. En ese sentido, el informe recomienda "diseñar un plan de contingencia" para recuperar los objetos de valor histórico que puedan surgir durante la construcción y "disponer de un arqueólogo que observe sistemáticamente el proceso de dragado", entre otras medidas.
Arqueólogos submarinos fuera de juego.
Pese a que en el estudio de TCP los expertos estiman que la cantidad de objetos encontrados no tiene un patrón común y su acumulación puede explicarse debido a que la zona era una ruta de paso de barcos que incluso podían haber descartado sus desechos, para Lezama, especialista en arqueología submarina, pueden existir otras interpretaciones.
Para él, la concentración de objetos también puede indicar la posibilidad de que en las inmediaciones efectivamente se encuentre un naufragio. Sin embargo, opinó que para confirmar esa hipótesis habría que haber hecho excavaciones en otra zona de la bahía para comparar.
"Obviamente el barco no está exactamente donde hicieron los excavaciones", coincide Lezama, pero "la interpretación de que se trata de una carnada de cosas que simplemente se cayeron de los barcos es apenas una de las posibles deducciones. No se puede excluir que se trate de uno de varios naufragios.
Quizás no sea la Loreto pero la cantidad de cosas halladas evidencian que es probable que haya una embarcación cerca, quizás una de principios de 1800", evaluó.
El arqueólogo destacó que el estudio señala especialmente la ausencia del casco del barco, un objeto que se cataloga allí como un "resto arqueológico importante". No obstante, aseguró Lezama, la cantidad de restos menores encontrados también tienen interés arqueológico y patrimonial. Aun cuando se trate de restos que se acumularon con el tiempo y que no deriven de un naufragio es un repertorio de cultura material del puerto montevideano". Por eso coincidió con las recomendaciones de la consultora de que si la obra se realiza "habría que aprovechar la oportunidad para recuperar los objetos que hay allí".
Consultado sobre el conflicto surgido en torno a esta fragata y su carácter de monumento histórico, Lezama opinó que se hubiera podido evitar el problema si desde un comienzo Collado hubiera trabajado con arqueólogos. "Ellos hubieran medido, registrado, anotado y establecido posiciones de los objetos hallados de manera científica", explicó.
Admitió no obstante, que en la época en la que el buzo argentino empezó sus tareas en aguas del Río de la Plata no había arqueólogos en Uruguay, por lo que fueron los empresarios privados como Collado los que pusieron sobre el tapete el tema del patrimonio cultural sumergido. "Pero es una demostración de que el trabajo arqueológico es fundamental", advirtió.
A Lezama le parece "contradictorio" que el Estado "haya puesto el acento sobre un objeto que le costó al país una gran cantidad de dinero"-en referencia al juicio que perdió contra Collado- "y luego lo deje abandonado para que se pierda debajo de una playa de contenedores".
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Comisión de Patrimonio Histórico considera válido estudio arqueológico que niega la existencia de restos del barco antiguo.
La Comisión de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación estudia en estos días la posibilidad de realizar un estudio arqueológico propio para verificar o descartar la presencia de los restos de la fragata Nuestra Señora de Loreto, que naufragó frente a Montevideo en 1792 y fue declarada monumento histórico en 1986, informó a Búsqueda el Presidente de ese organismo, Manuel Esmoris.
Para esta investigación, aún hay que resolver "un problema de costos" y garantizar el "apoyo de la Armada", según relativizó Esmoris. Ésta será una de las medidas que tomará la comisión a raíz del enfrentamiento entablado entre el buzo argentino y cazador de tesoros hundidos, Rubén Collado - quien da por cierto su descubrimiento de la fragata en 1986 en la bahía -y un equipo de especialistas que elaboró un estudio de impacto arqueológico para la Terminal de Contenedores Cuenca del Plata (TCP), el que concluyó que en el sitio que señala el buzo no hay restos de esa antigua embarcación. Esmoris dijo que el informe hecho por la consultora Estudio Ingeniería Ambiental es serio, técnica y académicamente válido y su protocolo de trabajo fue aprobado por la comisión. No obstante adelantó que como se trata de un estudio privado, se prevé que el Estado elabore uno propio.
Consultado sobre las operaciones realizadas por Collado junto con la Armada Nacional en 1990, que aseguraron haber "tocado" con largas varas de metal el casco del barco hundido, Esmoris consideró que ese tipo de trabajos "no es válido en ninguna parte del mundo. Son concluyentes las tecnologías que se usaron ahora", sostuvo. "Junto con la Armada lo que tocaron fue madera, ¿eso significa que hay un casco?", se preguntó. "A raíz del informe reciente iniciamos una serie de acciones dentro del propio Estado que por ahora son reservadas", señaló Esmoris, quien confirmó que el tema es actualmente el "más importante que enfrenta la Comisión "porque atenta contra los bienes culturales de todos los uruguayos". Sobre las posible acciones que iniciará la Comisión dijo que "estarán encaminadas a hacer que el Estado
obre de manera conjunta, a diferencia de lo que sucedió antes". Su afirmación hizo referencia al juicio por lucro cesante ganado por Collado cuando la Comisión anterior declaró a la supuesta fragata como monumento histórico e incumplió el contrato que la Armada firmó con el buzo para que trabajara en el rescate del naufragio.
En relación a la decisión tomada por la Comisión que lo antecedió, Esmoris opinó que en esa oportunidad "se actuó de buena fe pero equivocadamente, y sin los recaudos de prospecciones necesarias para ver si realmente el barco estaba ahí", donde Collado había asegurado.
El jerarca aclaró que sus declaraciones no son "un juicio" a la anterior Comisión, "porque el conocimiento del patrimonio acuático era casi inexistente en ese entonces y las circunstancias eran otras".
Subrayó que mientras no haya un nuevo decreto del Poder Ejecutivo, el carácter de monumento histórico asignado a la fragata sigue vigente aún, a pesar de que haya una incongruencia con las conclusiones del reciente estudio arqueológico.
"Lo más importante ahora es tratar de explicarles a los ciudadanos que lo que está en el mar nos pertenece a todos y que hay otras formas de valorarlos que no sea desenterrar y expoliar los bienes culturales sumergidos". Construir réplicas, por ejemplo, como recomienda la Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático del 2001, hacer documentales, vender "merchandising", armar un museo o iniciar múltiples actividades con fines culturales y económicos que no implican la extracción de los objetos, pueden ser otros modos de valorar el patrimonio, explicó el jerarca.
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Ministerio de Defensa Nacional
By Daniela Hirschfeld
November 02, 2005
BÚSQUEDA PÁG. 32
Una fragata española que naufragó frente a Montevideo en 1792 y que fue declarada monumento histórico en 1986, desata una encendida polémica que podrá llevar al nuevo gobierno a una revisión de la actual legislación sobre patrimonio subacuatico.
Mientras un estudio arqueológico encomendado por la terminal de contenedores Cuenca del Plata niega su existencia, el buzo argentino aficionado y buscador de tesoros hundidos Ruben Collado, que asegura haber hallado la embarcación en la década de los 1980, afirma que aún está allí, un arqueólogo de la Facultad de Humanidades relativiza ambas posturas y el Estado se prepara para revisar el caso y pedir explicaciones.
Enterrada desde 1792 bajo el fondo barroso de la bahía de Montevideo y declarada monumento histórico por el Estado uruguayo en 1986, la fragata -española Nuestra Señora de Loreto ahora se parece más a un barco fantasma cuya existencia unos niegan, otros relativizan y algunos defienden con vehemencia; y todos lo hacen al mismo tiempo.
Sin embargo, las opiniones encontradas no serían un problema si no fuera porque la zona donde se señala que estaría hundida pronto podrá ser cubierta con toneladas de hormigón provenientes de la ampliación de la playa de contenedores del puerto capitalino que proyecta construir la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP).
Por eso, la misma persona que anunció su hallazgo en 1986, el argentino Rubén Collado, buzo aficionado y buscador de tesoros hundidos desde hace más de 20 años, vuelve ahora para defender la existencia de la Loreto. En una conferencia de prensa realizada el miércoles 26 de octubre en el Hotel Palladium, Collado reafirmó que la fragata está a 100 metros del muelle portuario -en el mismo lugar donde, con cinco años de diferencia, tocó dos veces su casco de madera-, que los 500 objetos que extrajo en 1985 pertenecen a esa embarcación y alertó que la obra portuaria destruirá un valioso testimonio histórico.
En cambio, quien niega rotundamente su presencia es el equipo de técnicos que trabajó con el arqueólogo uruguayo Roberto Braceo en la elaboración de un estudio científico hecho a pedido de TCP, tal como lo exige la legislación uruguaya para las obras que pueden tener efectos negativos en el entorno donde se instalen. Después de análisis instrumentales y excavaciones, la investigación de 175 páginas y varios apéndices con mapas e ilustraciones, no sólo concluyó que no había restos de la Loreto sino que de acuerdo con sus conclusiones no existe ningún vestigio arqueológico de importancia que amerite la suspensión de la obra proyectada.
Por si fuera poco, otros, como el arqueólogo Antonio Lezama, director del Programa de Arqueología Submarina de la Facultad de Humanidades, relativizan las posturas en pugna.
"Afirmar que no hay nada es muy riesgoso porque esa zona fue un cementerio de barcos y la probabilidad de que efectivamente haya algo es muy alta", aseguró a Búsqueda.
Mientras tanto, Manuel Esmoris, Presidente de la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación, del Ministerio de Educación y Cultura - quien asumió el-cargo el último 29 de julio - informó a Búsqueda que a partir de este caso el Estado analiza la posibilidad de "rever el carácter de monumento histórico" del supuesto barco e incluso hacer lo mismo con "toda la normativa que tiene que ver con el patrimonio subacuático". En su opinión, "así como está atenta contra los intereses culturales y económicos de todos los uruguayos".
Pese a que esa comisión considera que el estudio pedido por TCP es hoy el único "técnicamente válido", su Presidente anunció que prevén realizar una investigación arqueológica propia. "En realidad Collado ahora tiene que explicar cómo es que el barco que según él estaba ahí ahora no está", concluyó.
Historia de un barco hundido.
Como lo autoriza la ley 14.343 de marzo de 1975, Collado firmó en 1983 un contrato con la Prefectura Naval en representación del gobierno uruguayo, que lo habilitó a iniciar el estudio arqueológico en un área de la Bahía de Montevideo, entre la escollera Sarandí y el muelle de escala, donde supuestamente 191 años antes había naufragado la Loreto después de resistir a un violento temporal.
Al cabo de más de dos años de trabajo, el 25 de febrero de 1986, Collado anunció en conferencia de prensa el hallazgo de la fragata; el nombre de Nuestra Señora de Loreto resonaba nuevamente en las costas que vieron su fin. El empresario aseguraba que era la primera expedición que lograba encontrar los restos de un navío del siglo XVIII en América del Sur.
Al poco tiempo, el empresario argentino logró rescatar un ancla y un cañón y algunas de sus balas, ambos de cerca de 2 mil quilos de peso, cerámicas, zapatos, botas y platos de peltre, chapas de cobreloa, entre otros 500 objetos que se registraron y depositaron en la Prefectura Naval.
Si bien nada hacía suponer que los trabajos no tendrían continuidad, el día 25 de marzo de ese año, el gobierno de Julio María Sanguinetti, a pedido de la Comisión de Patrimonio Histórico, presidida por el arquitecto Mariano Arana, decidió declarar a la Loreto como monumento histórico nacional.
La medida - que obligaba a la suspensión definitiva del rescate arqueológico - estaba destinada a preservar los restos como patrimonio cultural de la nación, pero Collado alertó que con ella se desconocía lo pactado en el contrato. Allí se había establecido que lo que se rescatara se repartiría en partes iguales entre el Estado y Collado y su grupo.
Debido al impedimento legal de continuar con su rescate, el buzo argentino inició una demanda al Estado por lucro cesante, que finalmente terminó 15 años después en la Suprema Corte de Justicia con una resolución a su favor. El Estado debió pagarle 1 millón y medio de dólares aunque el buzo aseguró a Búsqueda que lo que él recibió "ni de lejos llega al millón".
Antes, en 1990, al asumir como Presidente de la República Luis Alberto Lacalle, el gobierno se encontró con un juicio en marcha, problema que Collado catalogó como "una papa caliente". El mandatario determinó que se instalaran dos boyas para ubicar la fragata y autorizó a que Collado trabajara con el grupo de buceo de la Armada con el fin de verificar o no la existencia del barco. La operación duró 15 días y quienes trabajaron en ella llegaron a tocar al menos tres veces la madera del casco del barco con largas varas de metal.
En la conferencia de prensa del 26 de octubre, el buzo recordó que en aquella oportunidad el arqueólogo español Martín Bueno, catedrático de la Universidad de Zaragoza - el mismo que ahora realizó con Braceo el estudio de impacto arqueológico encomendado por TCP-formó parte de esa operación, especialmente contratado por la Armada. Un video exhibido ese día muestra al arqueólogo español analizando piezas (entre ellas un zapato de niño) rescatadas por los expedicionarios de Collado en 1986 junto al entonces Comandante de la Armada, Walberto Ruiz.
Asimismo, en el Palladium, Collado presentó fotocopias de un acta notarial del 8 de noviembre de 1990, donde el escribano de la Armada Nacional Alberto Cruce Roel deja constancia de que de acuerdo a un informe producido por el Capitán de Navío Eduardo Laffitte "se logró comprobar que en el área indicada por el Sr. Rubén Collado existe un casco de madera hundido, con signos de revestimiento en cobreloa y objetos indicativos de equipamientos de buques (...) habiéndose extraído 26 muestras de madera y se tocó el casco en tres zonas indicadas en la grilla que se confeccionara".
"O Bueno tiene mala fe o mala memoria", dijo Collado en relación a la actuación del experto español en arquelogía que realizó el estudio para la TCP.
El buscador de tesoros asegura en su página web (www.rubencollado.com) que desde entonces logró ubicar seis embarcaciones hundidas más: Aurora (que naufragó en 1772), Lord Clive 1763), Burford (1700), La Visitación (1797), Nuestra Señora de la Luz (1752) -de la cual logró rescatar un lote de monedas de oro que se remataron por 3 millones de dólares- y Nuestra Señora de la Concepción. San Nicolás de Bari (1770).
En la reciente conferencia de prensa, Collado dijo que espera que la Comisión de Patrimonio "reaccione" y lo llame. Aseguró también que el estudio de impacto arqueológico de Braceo tiene "errores históricos y de búsqueda".
Denunció que para llegar a las conclusiones ningún buzo descendió al lugar, cuestionó los instrumentos de detección utilizados, especialmente el llamado sonar de barrido, el cual a su entender es inapropiado para localizar algo que está enterrado más de tres metros por debajo del lecho barroso del Río de la Plata.
Al mismo tiempo reivindicó que su equipo es el único capacitado para realizar exploraciones en aguas turbias como las de la bahía.
"Hoy el Estado está en un problema. Hay que hacer la dársena, ampliarla. No estoy en contra del desarrollodel país", admitió, "pero que no la hagan a costas de mentir, que acepten que los arqueólogos no saben nada. No sé por qué Braceo presta su firma", sentenció. "Aparentemente desapareció un monumento histórico.
Con ese informe se quiere decir que o bien soy un fabulero o que monté una escena. Está perfecto que conserven el patrimonio, pero según la Constitución deberían adquirirlo, pagarlo, y los falsos funcionarios, los burócratas que están ahí deben hacerse responsables de lo que firman. No pueden llevar más el país a juicios", concluyó.
Estudio de impacto arqueológico.
La ley 16.466 de Evaluación de Impacto Ambiental promulgada en 1994, estipula que toda obra que pueda tener un impacto negativo en el ambiente debe presentar ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) un estudio que evalúe cuál será el efecto que tendrá esa construcción y, eventualmente, cuáles son las formas de mitigarlo.
Este informe - costeado por la empresa interesada - debe ser elaborado por expertos independientes especializados en este tipo de trabajos.
En el caso de TCP, esta empresa encomendó la tarea a la consultora Estudio Ingeniería Ambiental, de la cual Braceo es asesor en arqueología.
Según el responsable técnico del estudio, el objeto de la investigación fue "definir cuál era la riqueza arqueológica de la zona para luego evaluar el impacto que producirá la obra". Para ello contó con un equipo formado por Carolina Dibueno, licenciada en Ciencias Antropológicas de la Facultad de Humanidades de Montevideo y estudiante de la carrera de Arqueología Subacuática de la Universidad de Tuscia (Italia); la historiadora Cristina Montalbán; y el español Martín Bueno, el mismo que colaboró con Collado y la Armada en 1990, entre otros técnicos.
El grupo, explicó Braceo a Búsqueda, comenzó por relevar los antecedentes históricos de los naufragios ocurridos en la bahía y los testimonios modernos vinculados a la Loreto, esto es, los trabajos de Collado.
Aunque Braceo subrayó que no pudieron acceder a todo el material que el buzo argentino dijo haber extraído de las aguas, su equipo pudo ver el cañón y el ancla rescatados que se encuentran en manos de la Armada Nacional.
De acuerdo con el arqueólogo -especializado en datación de Carbono 14 y arqueología prehistórica terrestre, en particular la de los cerritos de indios del este del país - ya al comienzo del estudio tenían "dudas" sobre la existencia real de la embarcación en el lugar indicado por Collado."No hay pruebas concretas, ninguno de los objetos que se rescataron son elementos que atestigüen que hay un barco hundido ni que se trata de la Loreto", aseguró Braceo.
Además, dijo, "Collado daba las dimensiones exactas del casco hundido y la ubicación precisa" lo que, en su opinión, indicaba que sólo estaba reproduciendo los registros históricos y no lo que verdaderamente había encontrado.
Pese a partir con ese prejuicio, la investigación se llevó a cabo e incluyó un relevamiento histórico así como tareas de campo y trabajos con diferentes instrumentos.
Según el estudio proporcionado por Braceo a Búsqueda, en el área estudiada la documentación histórica "testimonia la existencia de 70 siniestros" ocurridos entre el siglo XVIII y el XX. Al menos cuatro de ellos, entre los que se encuentra la Loreto, se ubican en el siglo XVIII.Como parte de las tareas de prospección, se usaron principalmente tres instrumentos: un sonar de barrido lateral (SBL, un aparato que identifica lo que hay en la superficie marina mediante el empleo de ondas de sonido), un perfilador de fondo -que también usa ondas sonoras que penetran en el fondo y que permiten reconocer lo que hay debajo de la superficie- y un magnetómetro, que detecta las anomalías o variaciones magnéticas provocadas por objetos ferrosos enterrados.
El informe detalla que con el SBL se encontraron 16 objetos sobre el fondo del río, seis de ellos identificados como restos de embarcaciones modernas.
Con el perfilador de fondo se hicieron 121 detecciones. La mayoría, 63%, correspondió a objetos menores enterrados a menos de un metro de profundidad. Sólo 9% se hallaron por debajo de 1,5 metros y un único registro se detectó a 4 metros. Asimismo, no tuvieron evidencias de que hubiera algún agrupamiento que vinculara a varios objetos entre sí.
Por último, con el magnetómetro se encontraron 11 anomalías magnéticas que no se identificaron.
Por otro lado, entre las técnicas manuales, el equipo usó largas lanzas de metal llamadas jabalinas, que se hunden en el fondo marino en busca de objetos o estructuras que impidan su penetración. Según se explica en el estudio, esas jabalinas se introdujeron en "varios puntos de interés" hasta 6 metros de profundidad en el lodo y en ningún caso se reconoció la "presencia de elementos asignables a embarcaciones hundidas".
Finalmente, los técnicos realizaron dos excavaciones. Una en el lugar donde el perfilador había detectado el objeto a mayor profundidad, y la otra cerca del punto donde Collado había señalado la ubicación de la Loreto.
El estudio detalla que en ambos pozos se encontraron objetos agrupados principalmente en una franja de suelo de 40 centímetros de ancho ubicada a unos 3 metros de profundidad.
En total se hallaron 24 objetos de vidrio, 19 fragmentos de cerámica, otras tantas piezas de loza, 60 restos óseos de animales, trozos de cobreloa, madera y metal, elementos de plástico, zapatos, correas de cuero, cuerdas, y "la vedette" de la excavación, como lo definió Braceo, un mango de florete de cobre posiblemente del siglo XVIII. Según la investigación, los restos son "de muy diversa cronología (siglo XVII al XX)".
En las conclusiones del trabajo, se asegura que la pesquisa "no permitió identificar estructuras mayores asignables a cascos o partes de cascos de embarcaciones históricas" y que "el registro arqueológico que se pudo construir no indica la presencia de estructuras importantes de valor histórico". Además, se determinó que el impacto de la obra "eventualmente sólo afectaría a un conjunto muy reducido de elementos aislados", por lo cual es mitigable con operaciones puntuales de rescate. En ese sentido, el informe recomienda "diseñar un plan de contingencia" para recuperar los objetos de valor histórico que puedan surgir durante la construcción y "disponer de un arqueólogo que observe sistemáticamente el proceso de dragado", entre otras medidas.
Arqueólogos submarinos fuera de juego.
Pese a que en el estudio de TCP los expertos estiman que la cantidad de objetos encontrados no tiene un patrón común y su acumulación puede explicarse debido a que la zona era una ruta de paso de barcos que incluso podían haber descartado sus desechos, para Lezama, especialista en arqueología submarina, pueden existir otras interpretaciones.
Para él, la concentración de objetos también puede indicar la posibilidad de que en las inmediaciones efectivamente se encuentre un naufragio. Sin embargo, opinó que para confirmar esa hipótesis habría que haber hecho excavaciones en otra zona de la bahía para comparar.
"Obviamente el barco no está exactamente donde hicieron los excavaciones", coincide Lezama, pero "la interpretación de que se trata de una carnada de cosas que simplemente se cayeron de los barcos es apenas una de las posibles deducciones. No se puede excluir que se trate de uno de varios naufragios.
Quizás no sea la Loreto pero la cantidad de cosas halladas evidencian que es probable que haya una embarcación cerca, quizás una de principios de 1800", evaluó.
El arqueólogo destacó que el estudio señala especialmente la ausencia del casco del barco, un objeto que se cataloga allí como un "resto arqueológico importante". No obstante, aseguró Lezama, la cantidad de restos menores encontrados también tienen interés arqueológico y patrimonial. Aun cuando se trate de restos que se acumularon con el tiempo y que no deriven de un naufragio es un repertorio de cultura material del puerto montevideano". Por eso coincidió con las recomendaciones de la consultora de que si la obra se realiza "habría que aprovechar la oportunidad para recuperar los objetos que hay allí".
Consultado sobre el conflicto surgido en torno a esta fragata y su carácter de monumento histórico, Lezama opinó que se hubiera podido evitar el problema si desde un comienzo Collado hubiera trabajado con arqueólogos. "Ellos hubieran medido, registrado, anotado y establecido posiciones de los objetos hallados de manera científica", explicó.
Admitió no obstante, que en la época en la que el buzo argentino empezó sus tareas en aguas del Río de la Plata no había arqueólogos en Uruguay, por lo que fueron los empresarios privados como Collado los que pusieron sobre el tapete el tema del patrimonio cultural sumergido. "Pero es una demostración de que el trabajo arqueológico es fundamental", advirtió.
A Lezama le parece "contradictorio" que el Estado "haya puesto el acento sobre un objeto que le costó al país una gran cantidad de dinero"-en referencia al juicio que perdió contra Collado- "y luego lo deje abandonado para que se pierda debajo de una playa de contenedores".
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Comisión de Patrimonio Histórico considera válido estudio arqueológico que niega la existencia de restos del barco antiguo.
La Comisión de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación estudia en estos días la posibilidad de realizar un estudio arqueológico propio para verificar o descartar la presencia de los restos de la fragata Nuestra Señora de Loreto, que naufragó frente a Montevideo en 1792 y fue declarada monumento histórico en 1986, informó a Búsqueda el Presidente de ese organismo, Manuel Esmoris.
Para esta investigación, aún hay que resolver "un problema de costos" y garantizar el "apoyo de la Armada", según relativizó Esmoris. Ésta será una de las medidas que tomará la comisión a raíz del enfrentamiento entablado entre el buzo argentino y cazador de tesoros hundidos, Rubén Collado - quien da por cierto su descubrimiento de la fragata en 1986 en la bahía -y un equipo de especialistas que elaboró un estudio de impacto arqueológico para la Terminal de Contenedores Cuenca del Plata (TCP), el que concluyó que en el sitio que señala el buzo no hay restos de esa antigua embarcación. Esmoris dijo que el informe hecho por la consultora Estudio Ingeniería Ambiental es serio, técnica y académicamente válido y su protocolo de trabajo fue aprobado por la comisión. No obstante adelantó que como se trata de un estudio privado, se prevé que el Estado elabore uno propio.
Consultado sobre las operaciones realizadas por Collado junto con la Armada Nacional en 1990, que aseguraron haber "tocado" con largas varas de metal el casco del barco hundido, Esmoris consideró que ese tipo de trabajos "no es válido en ninguna parte del mundo. Son concluyentes las tecnologías que se usaron ahora", sostuvo. "Junto con la Armada lo que tocaron fue madera, ¿eso significa que hay un casco?", se preguntó. "A raíz del informe reciente iniciamos una serie de acciones dentro del propio Estado que por ahora son reservadas", señaló Esmoris, quien confirmó que el tema es actualmente el "más importante que enfrenta la Comisión "porque atenta contra los bienes culturales de todos los uruguayos". Sobre las posible acciones que iniciará la Comisión dijo que "estarán encaminadas a hacer que el Estado
obre de manera conjunta, a diferencia de lo que sucedió antes". Su afirmación hizo referencia al juicio por lucro cesante ganado por Collado cuando la Comisión anterior declaró a la supuesta fragata como monumento histórico e incumplió el contrato que la Armada firmó con el buzo para que trabajara en el rescate del naufragio.
En relación a la decisión tomada por la Comisión que lo antecedió, Esmoris opinó que en esa oportunidad "se actuó de buena fe pero equivocadamente, y sin los recaudos de prospecciones necesarias para ver si realmente el barco estaba ahí", donde Collado había asegurado.
El jerarca aclaró que sus declaraciones no son "un juicio" a la anterior Comisión, "porque el conocimiento del patrimonio acuático era casi inexistente en ese entonces y las circunstancias eran otras".
Subrayó que mientras no haya un nuevo decreto del Poder Ejecutivo, el carácter de monumento histórico asignado a la fragata sigue vigente aún, a pesar de que haya una incongruencia con las conclusiones del reciente estudio arqueológico.
"Lo más importante ahora es tratar de explicarles a los ciudadanos que lo que está en el mar nos pertenece a todos y que hay otras formas de valorarlos que no sea desenterrar y expoliar los bienes culturales sumergidos". Construir réplicas, por ejemplo, como recomienda la Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático del 2001, hacer documentales, vender "merchandising", armar un museo o iniciar múltiples actividades con fines culturales y económicos que no implican la extracción de los objetos, pueden ser otros modos de valorar el patrimonio, explicó el jerarca.
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